Auditoría de la gestión

Debemos llevar a cabo una auditoría ciudadana de la gestión económica, de los procesos de privatización y de la deuda municipal/foral. Esta se deberá realizar de forma transparente y externa de la gestión institucional y deberá conllevar la corrección de errores y asunción de responsabilidades. Se ha de poner incidencia en:

• Contratos de mantenimiento / contratos de servicios.

• Sobrecostes de obras públicas.

• Alquileres injustificados.

• Auditoría de la gestión económica.

• Legalidad y pertinencia de desarrollos urbanísticos.

• Contratos menores.

Participación de los vecinos y vecinas en el ayuntamiento 

La entrada en vigor de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi (LILE) ha traído consigo una serie de derechos para los vecinos y vecinas de los municipios de Euskadi, entre los que se incluye y destaca el derecho de participación en la identificación, elaboración, gestión y evaluación de las políticas públicas locales así como en los asuntos públicos, de acuerdo con lo previsto en los reglamentos, ordenanzas y toda la normativa municipal (art. 43.1b), así como la garantía del ejercicio de instrumentos de participación ciudadana previsto en la propia legislación y en las ordenanzas municipales (art. 43.1i).

Si bien es cierto que es un avance en lo que se refiere al papel de la ciudadanía con las entidades locales, nosotras vamos más allá y planteamos medidas concretas y específicas para garantizar la participación vecinal en la gestión municipal. Los puntos que planteamos son los siguientes:

- Revisión de los Reglamentos Orgánicos Municipal (ROM) para su actualización

En Irun se ha detectado que el Reglamento Orgánico Municipal está desfasado con las últimas novedades legislativas. Se plantea como medida la actualización del ROM vigente, adaptando lo correspondiente a lo que determine la LILE y la nueva normativa.

- Participación real en los Plenos Municipales 

El Reglamento Orgánico y Funcional (ROF), en su artículo 88, restringe la participación de los y las asistentes al Pleno, limitando la misma a un turno de consulta sobre temas de interés municipal. Desde Elkarrekin Podemos Irun consideramos que este artículo está desfasado con la idea que subyace en la propia LILE; con lo cual, planteamos un modelo de participación activa vecinal en los asuntos del pleno, no limitándose a un turno final donde incluso en algunos supuestos, en la práctica, no se da respuesta alguna con respecto a lo que se plantea.

Proponemos la implantación del escaño ciudadano: El plenario municipal es un órgano abierto a la ciudadanía del municipio y por ello es importante garantizar que el vecino y vecina puede participar en él. En algunos municipios se permite que la ciudadanía presente instancias o mociones que posteriormente son tratadas en pleno, sin que sea necesario haberlo trasladado por un grupo político municipal que tenga representación en la Corporación.

Destacar, por ello, que estas cuestiones tienen que tratarse en el Pleno Municipal si es necesario o que se traslade al órgano o departamento correspondiente.

- Publicidad de las Comisiones Informativas 

Estos órganos se encargan del seguimiento y control de las actividades llevadas a cabo por la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local.

Es importante que los vecinos y vecinas puedan participar en estas Comisiones y en todos aquellos organismos que adoptan decisiones sobre los asuntos municipales, con acceso a las actas que recojan las resoluciones adoptadas y su retransmisión en directo. 

- Dotación de contenidos del Portal de Transparencia.

• La LILE recoge una serie de contenidos mínimos que han de publicarse en estos portales (además de recoger en una disposición transitoria unos plazos para llevarlo a cabo). Es de vital importancia plantear la actualización de estos medios, ya que los vecinos y vecinas tienen derecho a acceder a los contenidos de forma sencilla y fácil, sin necesidad de presentar instancia o solicitar acceso al registro cada vez que se quiera acceder a dicha información; especialmente en lo referido a las subcontrataciones, incidiendo en la agenda institucional y sumando la transparencia en los gastos de protocolo. 
• También es necesaria una mayor concreción de los presupuestos, para verificar que se cumplen los requisitos de criterio de género.  
• Asimismo hay que incidir en la importancia de la universalización del acceso a los archivos y registros para las asociaciones, entidades y personas interesadas y no limitarla al condicionante de ser parte involucrada. La única limitación para denegar la ampliación de la información debe ser la Ley de Protección de datos.
  
   - Asambleas vecinales
• El modelo de participación se basa en el modelo que se ha llevado a cabo en Barcelona o en Errenteria. Se han formalizado grupos de barrio y asambleas de distrito como espacios de crecimiento y consolidación abiertos, fomentando la participación de todas, con autonomía de funcionamiento y autogestión.
• El objetivo de estas estructuras es recabar las necesidades e intereses vecinales de los diferentes barrios que componen el municipio. Este sistema puede contemplarse tanto para pueblos como para grandes ciudades.

Consultas ciudadanas 

Habilitar este tipo de instrumentos para consultar a la ciudadanía sobre diferentes decisiones que se vayan a adoptar de forma periódica, puerta a puerta si fuera necesario.

Para poder coordinar las necesidades e intereses de las asambleas vecinales, existirá en el organigrama municipal una Delegación de Participación Ciudadana, incluida dentro de un área y con la suficiente influencia en el resto de la Corporación como para ejercer su función y responder al concepto de transversalidad que le corresponde. Para ello, se adoptarán todas las medidas que se estimen oportunas; entre ellas, el impulso de las Memorias participativas de intervenciones urbanísticas. Serán objeto de dichas memorias participativas las grandes obras municipales, los proyectos estratégicos, la instalación de nuevos equipamientos y los servicios municipales. 

Comisión municipal anticorrupción 

Crear una comisión anticorrupción que tenga en cuenta la protección a las personas que denuncian hechos indeseables.